Diabetes en América Latina y el Caribe: la otra pandemia que no queremos ver
Hablar sobre inflación, gobernabilidad o deuda externa es importante, pero también es importante hablar de salud, pues que la población de una nación este sana o enferma marca la diferencia entre una oportunidad estructural o una amenaza estructural. La diabetes se ha convertido en la segunda y avanza silenciosamente.
De acuerdo con el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes (FID, edición 2025), al menos 35 millones de adultos viven con diabetes en América Latina y el Caribe, y cerca de un 30 % de ellos ni siquiera lo sabe. Si la tendencia no se revierte, la región podría superar los 52 millones de casos en 2050.
Estas cifras no son simples estadísticas médicas: describen una falla política.
Una falla de planificación, de educación y hasta posiblemente de voluntad pública.
La diabetes (en su mayoría tipo 2) no surge de la fatalidad biológica, sino de entornos alimentarios distorsionados, de políticas agrícolas y fiscales contradictorias y de sistemas de salud que aún reaccionan en lugar de anticipar.
La diabetes erosiona silenciosamente la productividad y los presupuestos nacionales.
Cada paciente no diagnosticado representa un gasto futuro multiplicado en amputaciones, diálisis y tratamientos cardiovasculares.
Según la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas más del 40 % de los casos permanece sin diagnóstico y los costos directos superan los 65 mil millones de dólares anuales.
El fenómeno no se explica sólo por la genética. La expansión del consumo de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y estilos de vida sedentarios está directamente relacionada con el aumento de la enfermedad.
Un estudio reciente publicado en Nature Medicine y citado por The Guardian (enero 2025) estimó que las bebidas azucaradas son responsables de 2.2 millones de nuevos casos de diabetes tipo 2 al año en el mundo, y que América Latina concentra aproximadamente el 24 % de esa carga.
Sin embargo, muchos gobiernos de la región siguen subvencionando la producción de azúcar o bloqueando regulaciones de etiquetado y publicidad. La incoherencia entre discurso y política pública es alarmante: se promueve la prevención en los hospitales mientras se permite la enfermedad en los supermercados.
En la República Dominicana, el propio Atlas FID indica una prevalencia del 16.6 % en adultos de 20 a 79 años, una cifra que debería figurar en los informes de seguridad nacional.
Cada punto porcentual adicional significa miles de familias afectadas, días laborales perdidos y presión sobre el sistema sanitario.
Invertir en salud no es gasto: es política de estabilidad.
Un país que previene enfermedades crónicas reduce pobreza, desigualdad y dependencia externa. El capital humano saludable es el activo más estratégico del siglo XXI.
La diabetes es la otra pandemia, la que no ocupa titulares porque mata sin estruendo. Pero su costo social y económico es devastador.
La ciencia ya habló; ahora corresponde que la política escuche. No se trata sólo de programas de salud, sino de decisiones estructurales: fiscalidad, regulación alimentaria, urbanismo y educación.
