SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dictó sentencia definitiva a favor del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, ratificando su absolución total y rechazando los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y los querellantes privados.
El fallo del alto tribunal (Exp. núm. 059-2022-EPEN-00105) pone fin a años de litigio y confirma de manera irrevocable que no existieron pruebas vinculantes que relacionaran a Dicent con el fraude de la Lotería Nacional, desestimando las acusaciones por carecer de sustento jurídico y fáctico.
El equipo de defensa técnica de Dicent enfatizó que la sentencia de la Suprema Corte valida lo establecido en los tribunales inferiores: la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) adolecía de una «orfandad probatoria» absoluta.
»Esta decisión no solo ratifica la inocencia de un ciudadano, sino que expone la gravedad de instrumentalizar la justicia basándose en narrativas mediáticas y no en pruebas científicas. Se construyó un caso sobre especulaciones que no resistieron el análisis de la justicia», declararon los juristas representantes.
La sentencia tiene efecto de «cosa juzgada» frente a todos los actores que mantuvieron la acusación hasta las últimas consecuencias, incluyendo al Estado Dominicano y a consorcios de bancas que actuaron como querellantes, entre ellos: Consorcio de Bancas Báez Sport, Bancas La Esperanza, King Sport, La Suerte, Banca Antonio Cruz, Gstar Services y UD Group Dominicana.
Todos los recursos presentados por estas entidades fueron desestimados, confirmando que la vinculación de Dicent al proceso fue injustificada desde su origen.
Tras la victoria judicial, el equipo legal planteó una interrogante directa al sistema político y al presidente Luis Abinader: una vez demostrada la inocencia en todas las instancias, ¿cómo se repara el daño a la honra y el patrimonio de un funcionario que fue destituido y encarcelado sin justificación?
»Hoy la justicia ha hablado, pero el estigma de la prisión preventiva y la destitución apresurada permanecen. El Estado de Derecho exige no solo castigar al culpable, sino resarcir al inocente que ha sido atropellado por la maquinaria estatal», destacaron los abogados de Dicent.
El mismo equipo jurídico que conformó la defensa del ex administrador de La Lotería Nacional declaró que no descarta iniciar acciones legales por los daños y perjuicios ocasionados contra quienes sostuvieron la acusación de manera temeraria.
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