Por Pedro Jarvis
Las cifras dadas a conocer por la Policía Nacional dominicana retumban con la fuerza de un titular de impacto: 50,865 personas prófugas o con asuntos pendientes ante la justicia, sobre quienes pesan nada menos que 53,877 órdenes de arresto. Ante semejante inventario de impunidad, la institución del orden ha anunciado una ofensiva total para ubicar, detener y entregar a estos ciudadanos al control jurisdiccional.
A primera vista, la contundencia de la medida genera un aplauso irreflexivo en una sociedad hastiada de la delincuencia. Sin embargo, cuando se trasciende el efectismo policial y se analiza la realidad institucional con la cabeza fría, surgen interrogantes inquietantes que conducen a una encrucijada legal, logística y constitucional.
El embudo penal: ¿Puede el Ministerio Público absorber el golpe?
La pregunta obligada es técnica: ¿Tiene el Ministerio Público la capacidad operativa para digerir esta marejada humana?
Estamos ante un órgano persecutor que se ha caracterizado en los últimos años por declarar complejos de manera sistemática los casos de alto perfil, alegando sobrecarga de trabajo, escasez de fiscales y la necesidad de mayores plazos para investigar. Si el aparato judicial apenas puede mantener el ritmo ordinario, ¿qué ocurrirá si la Policía Nacional ejecuta de golpe la captura de tan solo el 10% de esos imputados (unas 5,000 personas)?
El panorama roza lo absurdo. La infraestructura del sistema procesal penal dominicano carece de los recursos fiscales, administrativos e infraestructurales para procesar semejante volumen de expedientes de la noche a la mañana.
El fantasma del plazo de las 48 horas y las violaciones constitucionales
La Constitución de la República Dominicana es tajante en su artículo 40.6: toda persona privada de libertad debe ser presentada ante la autoridad judicial competente en un plazo máximo de 48 horas.
Si las redadas masivas se desbordan sin un plan coordinado con los tribunales de atención permanente, asistiremos a una crisis sin precedentes. Superado ese plazo constitucional por falta de personal, transporte o salones de audiencia, las detenciones se convertirán automáticamente en privaciones ilegales de libertad. El remedio contra la impunidad terminará generando una vulneración en cadena de los derechos fundamentales garantizados por la ley procesal y la propia Constitución.
Esto abre un debate jurídico de fondo:
- ¿Está la Policía Nacional actuando con la debida coordinación del Ministerio Público?
- ¿O presenciamos un despliegue voluntarista que vulnera su Ley Orgánica (No. 590-16)?
Recordémoslo claramente: la Policía es un órgano auxiliar de la justicia; la persecución penal y la estrategia de investigación la dirige el Ministerio Público. Salir a cazar más de 50,000 personas sin un protocolo de recepción articulado con la Fiscalía general no es eficiencia, es un espectáculo mediático de alto riesgo institucional.
La pregunta de fondo: ¿Cómo llegamos a medio centenar de miles de prófugos?
Más allá de los titulares de la semana y de las promesas de redada, la interrogante medular que debemos hacernos todos como sociedad es sangrienta por su obviedad: ¿Cómo permitimos que se acumularan más de medio centenar de miles de personas al margen de la ley?
¿Dónde estuvo la inteligencia preventiva durante los años en que se acumularon más de 53,000 órdenes de arresto? Esta escandalosa cifra no se generó de la noche a la mañana. Es el producto acumulado de:
- Un sistema judicial con fugas.
- Notificaciones que nunca llegan.
- Patrullajes ciegos.
- Complicidades burocráticas.
- Una ineficiencia estructural que permitió que miles de imputados siguieran caminando por las calles con expedientes dormidos en los archivos.
Buscar a los prófugos es un deber ineludible del Estado. Pero pretender resolver en un operativo de fuerza lo que la desidia acumuló durante años, sin acondicionar los tribunales ni respetar las garantías del debido proceso, solo conducirá a dos escenarios: al colapso de las cárceles preventivas o a una masiva liberación de imputados por vencimiento de plazos.
Antes de salir a cazar cifras, las autoridades deben garantizar que la justicia no se ahogue en su propio intento de aplicar la ley.
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